La justicia juvenil y las medidas alternativas

La justicia juvenil y las medidas alternativas

Imaginación para nuestros adolescentes

Investigadores de la infracción adolescente compartieron lo observado en sus estudios. Las ponencias se centraron en la justicia restaurativa, la que se destina a reparar y no a castigar, la privación de libertad como último recurso y la hibridación entre justicia y religión, ya que, según las expositoras suele asimilarse al delito con una noción de pecado.

Aunque las infracciones cometidas por adolescentes no superan el 8 por ciento, el plebiscito de 2014 para bajar la edad de imputabilidad mostró a una sociedad dividida por la alta votación de quienes apoyaban la medida, dijeron Rossana Abella y Tatiana Magariños, integrantes de la Casa Bertolt Brech, una organización que no tiene afiliación política partidaria, pero sí lleva consigo una larga trayectoria en la defensa de los derechos humanos.

Las investigadoras recordaron que al momento del plebiscito prevalecía una gran sensación de inseguridad y una importante influencia de los medios de comunicación, que asociaban a la delincuencia con la adolescencia. Abella comentó que al comenzar a investigar no fue fácil acceder a la información, ya que, los datos oficiales decían cosas distintas sobre la medidas no privativas. Finalmente, tomaron como referencia los datos de entre 2011 y 2014 brindados por el Departamento de Estadísticas del Poder Judicial. Les llamó la atención que el año de menos sentencias condenatorias fue en 2014 con 1.440, siendo el 62 por ciento de ellas medidas no privativas.

A la investigadora le resultaron extraños esos números porque Uruguay tiene una gran tendencia a la privación de libertad. A su entender, la explicación surge de que el Estado contaba con dos vías para implementar las medidas no privativas: el ex SIRPA (ahora Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente, INISA) y el INAU. De esta forma, el INAU, institución encargada de la protección de los derechos de los adolescentes, era a su vez la encargada de penarlo al cometer una infracción. En este sentido, ambas destacaron positivamente el nuevo modelo propuesto por el INISA, ya que, la cobertura nacional impedirá que dos instituciones obren sobre las medidas no privativas.

Abella y Magariños subrayaron que la privación de libertad sólo debe ser utilizada como medida de último recurso y durante el período más breve posible, lo que se está incumpliendo en la actualidad. Además destacaron que el encierro “congela” el problema y genera una situación proclive para la tortura y el abuso de poder.

Magariños recordó que aquellos con penas no privativas reinciden menos que los que sí fueron privados de libertad, por lo que además de combatir la exclusión, puede ser considerada como una manera de reparar al adolescente, la víctima y a la sociedad.

Carolina González Laurino analizó que la actual justicia penal adolescente protege y sanciona conductas consideradas transgresoras del orden social vigente, por lo que mediante un castigo intenta corregir un desperfecto. González afirmó que este sistema es cuestionado ya que traslada el modelo penal adulto al modelo penal juvenil.

Sin embargo, existe una alternativa muy crítica con este modelo de justicia que piensa en la reparación de la acción y no tanto en la penalización, sanción y castigo. Este modelo es conocido como justicia reparativa o restaurativa, nace a partir de la visibilización y participación activa del menor en su defensa, y se está implementando en infracciones leves: “no está siendo una alternativa a la privación de libertad como sostenían los defensores de esta justicia, sino una extensión del contexto social cognitivo” , afirmó González.

Mujeres y cárceles
Ser mujer y menor de edad confiere determinadas particularidades no presentes en los varones”, afirmó Laura López Gallego. Desde el siglo XX, las adolescentes mujeres tienen un plus de control a partir de que su modelo sociopenal es híbrido con la religión. “Es raro porque Uruguay ha dado laicidad y secularización en sus espacios estatales, pero en el contexto sociopenal de las mujeres aparece la religión, afirmó López. Por esta razón, “el modelo tutelar asimila el delito con una noción de pecado”.

López retomó tres procesos disciplinarios que impregnan el tratamiento sociopenal de las mujeres: feminización, medicalización y domesticación. La feminización refiere a la capacidad del sistema de recrear los sentidos del género, por esta razón predomina la naturalización de la mujer como madre. La medicalización tiene que ver con el acostumbramiento de medicar a las mujeres, a excepción de aquellas que están embarazadas. Por último, la domesticación apunta a los proyectos de vida.

López afirmó que al conversar y preguntarle a las jóvenes sus objetivos, la mayoría mencionó ser empleada doméstica, madre o esposa. El problema radica en que la oferta retroalimenta dichas ideas: “Hay talleres que estimulan y se centran en lugares fijos, uno de los talleres ofrecidos es para hacer ositos de peluche. No está mal, pero tal vez esas propuestas deberían circular de otra forma entre varones y mujeres”, afirmó la investigadora.
Asimismo, consideró que no se ayuda a las adolescentes a superar ciertos problemas, pues predomina una gran negación institucional del abuso sexual padecido, la que se combina con una excesiva sexualización de cualquier comportamiento. “Las adolescentes han padecido abuso sexual por parte de los funcionarios, por lo que se da una mezcla sumamente peligrosa”, sentenció López.

Valeria García Mallo