Política y violencia en Uruguay

Política y violencia en Uruguay

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Constanza Moreira: “estamos volviéndonos crecientemente violentos entre nosotros”

El pasado miércoles 18 de setiembre, llegando al final de las XII Jornadas de investigación de la Facultad de Ciencias Sociales se realizó la mesa sobre las luchas simbólicas, cultura política y racismo social en el Uruguay de hoy. Tanto la amplia temática como el nivel de los exponentes generaron tal concurrencia que el salón estaba colmado. Esto no representó ningún inconveniente para varios de los asistentes -sobre todo estudiantes- que eligieron escuchar la conferencia desde una confortable alfombra.

La primera ponencia estuvo a cargo de Marcia Barbero que está realizando su tesis de maestría sobre la sociología del control social.

Observando seis instituciones del sistema de responsabilidad penal adolescente, haciendo foco en las dinámicas y en los discursos de adolescentes y adultos que conviven en dichas instituciones, pudo constatar varias realidades.

La convivencia dentro de estas instituciones implica procesos, rutinas que se establecen a través de reglamentos para la vida cotidiana, donde los jóvenes hacen todos los días exactamente lo mismo que el día anterior, con horarios estrictos y sin muchas actividades constructivas o educativas. Además, estas rutinas se imponen mediante un sistema de premios y castigos. Se premia el apego a la norma, su aceptación, y se castiga su transgresión.

Otro de los aspectos que se ven en estos centros son las prácticas y modos de pensar de los funcionarios – los adultos de la institución- que reproducen el discurso de violencia y discriminación hacia los jóvenes pobres. “Acá hay que poner talleres de mecánica porque para otra cosa no les da la cabeza” o “ellos no precisan tal cosa porque igual nunca lo van a poder usar”, son algunos de los comentarios que Barbero escuchó dentro de las instituciones que estudió. Pero no sólo en las palabras queda el tema: la desatención, el maltrato, el abuso de poder, la arbitrariedad y la burla, las prácticas humillantes como el uso de pelelas -que implican una degradación en la escala jerárquica de las edades- o el desnudarlos frente a otros, son moneda corriente. “Y como estas prácticas podríamos nombrar millones” agregó Barbero.

No hace falta ser sociólogo para comprender que personas sometidas a este tipo de menosprecio y degradaciones no están siendo consideradas sujetos de derecho y por ende tienen por delante un muy difícil camino hacia la auto-realización.

Los jóvenes lo tienen claro: valoran ser reconocidos como seres humanos portadores de derechos y obligaciones, capaces de desarrollar actividades útiles para la sociedad. En una de las instituciones observadas por Barbero había una balanza equilibrada, pintada por los muchachos que allí residen como parte de una entusiasta inquietud por arreglar el centro para el día de la madre. De un lado de la balanza escribieron lo que piden: libertad, amor, familia, más aprendizaje, más amor de los padres, justicia, humildad y trabajo. Del otro lado, lo que ellos ofrecen: mucho amor a nuestros hijos y familias, el cariño que nunca recibimos, ganas de seguir viviendo y respeto.

 

Hacia una economía social y solidaria en América Latina

Anabel Rieiro -la segunda exponente de la mesa- realizó un análisis de las experiencias de varios países de América Latina en torno al modelo de economía social y solidaria: concepto en discusión a través del cual se da sentido a la construcción de otra economía, contrapuesta a modelos de desarrollo capitalista (basados en la competencia y el individualismo). Esta nueva economía está fundada en valores humanos y principios de solidaridad que profundizan en el conocimiento de la otra persona -con apoyo en la acción humana- en relación con la política, la economía y la sociedad. Incluye actividades de carácter comunitario, asociativo y cooperativo o mutualista y formas colectivas creadas para responder a las necesidades de empleo y bienestar de los pueblos, así como movimientos ciudadanos orientados a transformar la economía. Esta otra economía supondría el desarrollo de políticas que sitúen al sujeto no sólo como receptor, sino también como constructor de las estrategias en su diseño, planificación y ejecución.

A nivel de nuestro continente hubo algunos avances en esta nueva dirección, que aún no se han transformado en políticas de Estado. En Argentina se aplican políticas de inclusión fuertes que buscan representar a los sectores populares, resolver problemas de gobernabilidad y mantener las preferencias electorales. En Brasil la discusión todavía no pudo llevarse a un modelo de desarrollo. Su enfoque va más hacia la política de inclusión porque había una formación previa de un movimiento de economía solidaria. Pero no solo es una actividad de inclusión sino que también busca una transformación de la economía ante lo cual están encontrando dificultades: los intentos para lograr una ley de economía solidaria han sido marginados. Venezuela ensaya mecanismos bastante flexibles con una fuerte búsqueda de otra economía y con formas diversas de ejercer la propiedad social y propiedad familiar. Estas nuevas formas de apropiación se canalizan en la organización del Estado a través de las misiones, donde se generan procesos endógenos de producción para las necesidades locales. También implementaron cursos de capacitación para formar a los ciudadanos para un proyecto productivo con fuerte inversión económica, dando prioridad a las necesidades de la comunidad. El ejemplo de Bolivia y Ecuador se basa en la “teorización del buen vivir” donde se incorporó la organización económica comunitaria, priorizando la protección de pequeños productores y la producción artesanal con identidad cultural.

La apuesta implicaría un cambio de la economía actual que todavía no se ha problematizado lo suficiente”, dijo Rieiro y agregó que en Uruguay “es medio temprano como para evaluar. Creo que hemos vacilado entre la inclusión y la transformación. Por ejemplo, hay algunos avances en la institucionalidad con la creación de INACOOP que incorpora a los distintos actores de la economía social, pero en general la tónica ha sido de inclusión”.

Planteando algunos desafíos generales, Rieiro dijo que las mayores transformaciones dependerán de la capacidad de generar nuevas políticas en relación a los aspectos colectivos de la economía. Señaló la importancia de procurar la construcción de sujetos democráticos, que logren politizar los procesos económicos, los desafíos para la política pública. También mencionó como necesario un diálogo de la economía con el resto de las políticas, así como el pasaje de políticas de gobierno a políticas de Estado y procesos más amplios. Estos procesos pueden ser nacionales y también regionales, para aprovechar la cooperación con transferencias reales. En conclusión: se necesitaría un cambio cultural generalizado.

 

Discursos de seguridad: los anhelos de autoridad y la hegemonía conservadora

La ponencia del sociólogo Rafael Paternain comenzó con un análisis de la difícil coyuntura por la que Uruguay está atravesando: tenemos un sentimiento de inseguridad absolutamente consolidado. Según Paternain, en los últimos dos años nuestro país ha visto crecer los niveles de violencia homicida y de robos con violencia. La violencia de género es el principal factor violento criminológico y aparece casi siempre subordinado como violencia simbólica y discursiva. También crecieron las manifestaciones de violencia institucional, de abusos, de discrecionalidades, de relaciones tensas y conflictivas entre las instituciones de control y buena parte o ciertos sectores de la ciudadanía. A todo esto se suma que tenemos un estado de opinión pública que no se revierte. La ciudadanía sigue evaluando de manera muy negativa las respuestas institucionales -desde el punto de vista de las políticas públicas- para obtener nuevos umbrales con respecto al problema de la inseguridad. Pero según el sociólogo, el sentimiento de inseguridad no es la consecuencia natural del problema del delito en el país, ni de una acción sesgada de los medios de comunicación. “Es un proceso socio-político que mucho tiene que ver con las construcciones hegemónicas que estamos viviendo hoy en día. A esta altura se ha transformado en una fuerza socio-política capaz de generar consecuencias concretas que desatan procesos políticos y que construyen realidad”, dijo Paternain. “Hemos hecho en el último tiempo esfuerzos importantes por tratar de sintonizar con las demandas de la gente, haciendo lo que la gente pide: aumentando el presupuesto de seguridad, reforzando el papel de la policía, las penas y las plazas penitenciarias. A pesar de esto, la coyuntura no parece ser mucho mas promisoria que la que existía en el año 2009”.

Según el sociólogo, en Uruguay el problema de la violencia sigue estando totalmente vinculado a problemas de desigualdades absolutas y relativas muy fuertemente asociado a procesos de precariedad en el mundo laboral, a cambios en los patrones de percepción, de experimentación y de consumo de la vida privada y de la apropiación de la ciudad. “Hay cambios muy radicales en ese sentido y ciertas tendencias que suman estos procesos a la cuestión urbana. Creo que la cuestión social sigue siendo preeminente sobre la urbana. Y es bueno no perder de vista esta perspectiva”, dijo. Según su planteo, el concepto de desigualdad relativa y la multiplicación de las expectativas son elementos fundamentales para tratar de entender esa aparente paradoja que estamos viviendo: una sociedad que crece desde el punto de vista económico, que reconoce algunos indicadores desde el punto de vista social, pero que sin embargo también ve crecer las manifestaciones de la violencia y la criminalidad.

Además, reflexionó que en el último tiempo los discursos hegemónicos suman dos elementos que se conjugan de manera incierta, haciendo que el problema del delito confluya consigo mismo. Por un lado, la preeminencia de los relatos policiales para reconstruir estos procesos sociales y una suerte de surgimiento de una “sociología espontánea”. Por otra parte, la recuperación de una criminología conservadora: ahora resulta que toda esta cuestión de los homicidios la tenemos que entender porque en realidad, los que mueren, tienen antecedentes penales.

Para Paternain, la idea de la ambigüedad como estrategia está instalada: “en el campo de la seguridad hoy operan un conjunto de disfraces, de simulacros simbólicos que tratan de oscurecer las prácticas concretas. El documento por la vida y la convivencia tiene para todos los gustos. Le habla a todos los públicos, pero en última instancia lo que se cumple de ese documento es el elemento punitivo. Hoy, por encima de cualquier otro, los discursos oficiales son generadores de relatos de seguridad, de inseguridad y de miedo en el país”.

Respecto a esta realidad, el sociólogo planteó interpretaciones a partir de dos hipótesis diferentes. La primera refiere a que la ambigüedad podría buscar una sintonía funcional con cierto sentimiento político: existe un discurso predominante que manifiesta altos niveles de preocupación y que produjo un desplazamiento de las concepciones más sociales a las más propias de la degradación moral. La idea de la crisis de valores, de la falta de autoridad, la idea de recomponer el orden mediante la impronta normativa y ese concepto tan asentado de que en el mundo de la exclusión están los pobres buenos, honrados y los pobres desastrosos (los que realmente merecen el castigo) están muy fuertemente aceptadas en mentalidades distintas. Otra alternativa muy posible para Paternain es que estemos asistiendo a nuevas formas de gobernanza. “Van emergiendo en el país nuevos dispositivos que en otros lados se denominan dispositivos de gobierno a través del delito. El delito y las faltas comienzan a transformarse en grandes reguladores de la vida social y en grandes constructores de formas nuevas de gobierno. Se exige de los resortes comunitarios (familia, escuela, barrio, empleo) que pasen a funcionar como prolongadores de las fuerzas de seguridad”, explicó.

 

Autoridad, disciplina y orden: un análisis de la cultura política de nuestro sistema educativo a partir de la convivencia escolar

La exposición de la doctora Nilia Viscardi abordó otro tema sustancial: los límites y logros de nuestro sistema de enseñanza en la lucha por construir niños y jóvenes sujetos de derecho. Su análisis partió de dos elementos que surgieron durante la reforma de Rama.

En 1996 la “Comisión de prevención de violencia” instaló la perspectiva de que el sistema es víctima de la violencia que ingresa, que no es producto de la violencia institucional. El otro elemento fue la institución del “Acta 14” que prohibió la participación y sancionó a los estudiantes que contravinieron la reforma a través de movimientos. Todo esto devino en un crecimiento de la idea de violencia social en los años noventa. Los jóvenes comenzaron a ser calificados como “peligrosos” a la vez que se instaló el temor al alumno. “Lo que este discurso escurre es la dificultad de estos docentes de lograr el interés de los estudiantes”, dijo Viscardi. “Me es difícil generar comunicación pero como la educación pública es la educación de los pobres y los pobres son ‘in-educables’ este doble discurso habilitó a los docentes a estar disculpados por aquello que no logran”.

Las medidas de control de la violencia social en el sistema educativo crecieron en esta ambigüedad. Por un lado existe una vertiente más blanda en la inserción de asistentes sociales y psicólogos que estudian a los estudiantes que perturban y molestan. Por otro lado están las respuestas que el sistema da: la emergencia de una mano más dura y las medidas de sanción y expulsión. Según Viscardi, esta permanente debilitación de estudiantes funciona como mecanismo de regulación de la vida social de los centros educativos: se espera que se vayan los que molestan. “Los directores que no entienden que la desvinculación sea su responsabilidad, sino que entienden que los que se van son responsables, lo hacen porque quieren, han producido su propio fracaso, no se preocupan por ir a buscar a estos chiquilines. Un poco en broma diríamos que: si esto no fuera el Estado y fuera “el mercado”; y si estos estudiantes que se van tuvieran billetes en mano, probablemente todos los directores abandonarían el discurso del fracaso social y saldrían a buscar a estos clientes que nadie quiere. Pero como esto es el Estado, el discurso de la violencia social permite reproducir este proceso”.

Para la doctora, con la llegada de los gobiernos progresistas comenzaron a revertirse algunas de estas tendencias. Con el Código de la Niñez y la Adolescencia y con la necesidad de introducir algunos preceptos en la práctica educativa: generar sujetos de derecho, dar voz a los estudiantes, promover la participación, lograr que las sanciones no sean medidas de expulsión sino que sean medidas socio-educativas. Estos son algunos de los horizontes a consolidar en este nuevo mapa donde se intenta promover una cultura de derechos humanos en la educación, que revierta los efectos de la apatía, de la falta de participación de los estudiantes, los padres y los representantes de la comunidad. “La reinserción, la cohesión, no se lograrán mediante el rediseño institucional sino que se logrará llamando a los actores locales, a la comunidad, a los estudiantes, para que a través de la movilización social se recomponga el panorama de integración”, dijo Viscardi.

Su planteo continuó recordando que frente a esto tenemos la construcción de una política en ciudadanía y derechos humanos que se encarga de promover la participación estudiantil mediante la derogación del Acta 14 del año 2006 y a través de la Ley General de Educación de la consolidación de los consejos de participación. Su objetivo es instalar consejos en los que representantes de la comunidad, de padres, de estudiantes y docentes, puedan elevar propuestas relativas al proyecto pedagógico a las necesidades de infraestructura y a la organización de la vida en cada uno de los centros. “Estas medidas vienen de la mano de la recuperación del lazo comunitario como fuente de integración del sistema educativo”, apuntó la doctora y mencionó que nuestra cultura educativa no es para nada comunitaria, lo que transforma a la recuperación del lazo comunitario en una debilidad.

Viscardi destacó la ambivalencia de nuestro panorama actual: por un lado la vida cotidiana de los centros sigue pautada por un paradigma completamente disciplinador. Las normas de convivencia, el ejercicio cotidiano del derecho está dado por muy escasas normas que tienen que ver con el uniforme, con el trato con el otro, con el uso de los espacios. No existen normas cotidianas que fomenten la participación, el vinculo con el otro, que sean proactivas y que no sean únicamente interdictos. Este horizonte se ve afectado por otro hecho: las normas no se construyen colectivamente y son castigadas de modo muy excluyente.

Una cultura participativa podría lograr un cambio. Sin embargo, trabajando en las instituciones que promueven la participación, Viscardi observó dos debilidades muy importantes: el discurso de los noventa y de la reforma de Rama hoy en día recuperan los peores prejuicios que el mundo adulto tiene sobre los estudiantes. “Los que se fueron lo hicieron porque no les interesa nada”, “está bien que se vayan, que no estén en el liceo porque lo único que pueden hacer es molestar”. El segundo hecho es que estos canales de participación no apoyan lo suficiente la construcción de la voz de los jóvenes. Suelen reproducir una dinámica que no tiene que ver con mejorar la vida de los centros y que se alinea mucho mas con la conflictiva gremial que con la atención de los derechos de los jóvenes. “Existe un tercer elemento: la discriminación de la comunidad o de los padres que tienen determinadas características. Nuestro sistema educativo todavía entiende que algunas formas familiares son las adecuadas para que los estudiantes se integren en la realidad educativa y estas voces pueden legitimar una cierta “condena” en estos centros”, agregó Viscardi.

Es necesario seguir en un campo de los derechos humanos, de participación, con la lucha por enseñar a los jóvenes a argumentar, a defender sus intereses, a tener sus propias proyecciones que no son las del mundo adulto. Es muy importante disminuir las tendencias al castigo y a las expulsiones. Todos los elementos que fomenten la cohesión, que asuman el conflicto y que puedan politizarlo en vez de tratarlo desde el asistencialismo o la criminalización, serán elementos que permitan -junto a la profesionalización docente- disminuir los niveles de desinterés de los estudiantes y de la discriminación”, finalizó.

 

Violencia, discurso público y acción legal

La instalación de la seguridad como problema en la agenda pública es relativamente reciente, tiene una década. Es persistente y se ha instalado de tal manera que no parece posible que se desinstale en el corto o mediano plazo”, dijo Constanza Moreira en el arranque de la última ponencia de la mesa. El tema apareció con fuerza en las encuestas uruguayas en el 2009, modelando las prioridades de gobierno.

Según Moreira, esta realidad se vincula a algo que no se dice: desaparecieron otros problemas de la agenda pública como el desempleo, la pobreza, los problemas económicos, que eran los principales de la agenda latinoamericana. “La inseguridad sube porque bajan otras cosas y esto tiene que ver con el ciclo de la ultima década en la que todos los países de América Latina han crecido a tasas medianamente constantes. Ha bajado la desigualdad, se ha reducido la pobreza y han bajado los indicadores de desempleo”, explicó. “La inseguridad en el 2007 era prioridad para el 13% de la población y actualmente es prioridad para el 67%. Es una escalada grande que se relaciona con un relato y preocupa deshacer lo que hemos venido construyendo en relación a esto”, apuntó Moreira. Continuó su reflexión comentando de qué forma los temas sociales fueron saliendo de la agenda y la inseguridad se incorporó, completamente desvinculada de la economía y de la sociedad.

La tasa de inseguridad de Uruguay en el contexto de Latinoamérica nos muestra seis lugares por debajo de México, donde murieron cincuenta mil personas en el último período de gobierno como resultado de las luchas del narcotráfico. Los uruguayos perciben el problema de la inseguridad con el mismo dramatismo con el que lo perciben los mexicanos, lo cual es mucho decir”, comentó. En nuestro país el delito contra la propiedad privada es el que más se comete pero, según la politóloga, “en el relato se asocia siempre con la violencia. No se hace la separación de los delitos contra la propiedad y los de verdadera violencia. Se tienden a equiparar los bienes con el valor de la vida humana, cuando la vida es un bien jurídicamente superior”. Para Moreira estamos perdiendo el viejo modo de razonar, en que los delitos están asociados a una forma injusta de la distribución de los bienes en un contexto en que las expectativas de consumo son crecientes. “Desvinculamos el problema de la delincuencia del problema de la injusticia social, del capitalismo. Hacemos una separación completa porque hay un relato falso que asocia el delito con la violencia. Estamos volviéndonos crecientemente violentos entre nosotros”, comentó.

La respuesta del gobierno frenteamplista a la instalación del tema de la inseguridad se dio de tres maneras. Se aumentó el presupuesto destinado al Ministerio del Interior, dándole recursos en mucha mayor medida que a otras carteras. También crecieron los equipamientos policiales, mejorando los recursos del sector (creando mecanismos complejos que toman el ADN de los presos para contrastarlo con el de los crímenes). Y sobre todo, con una inflación de la legislación que dará lugar al plebiscito de la baja de la edad de imputabilidad el año que viene.

El resultado inmediato se traduce en una mayor efectividad policial y más presos. El 74 % de los presos son menores de treinta y cinco años. Hacen un total de casi diez mil reclusos. La inmensa mayoría además son pobres, porque la mayoría de los delitos son rapiñas. A pesar de esto, la sensación de inseguridad aumenta. Según Moreira, hay otra cosa que explica este fenómeno: “a instancias del Partido Nacional se insiste en nombrar una comisión bicameral que analice la situación de la minoridad infractora y este es el gesto político partidario que termina de completar el gran fenómeno de los delincuentes menores. El porcentaje de participación de menores en delitos es sólo el 20%. Pero lo que se instala en el país es que el menor delincuente, “pastabacero”, drogado, violento, pobre, es la sub-clase peligrosa”.

Este estigma es reciente y está despegado de los datos de la realidad pero se está traduciendo en políticas que se aprueban en este período. Para Moreira, existen enormes dificultades para crear un relato diferente sobre las clases peligrosas o la violencia juvenil y esto tiene impacto de mediano y largo plazo en la capacidad de confianza que tienen los uruguayos en sí mismos, a la vez que refuerza el componente discriminatorio. También explicó que “induce a una suerte de panóptico de estado vigilante y controlador de la población, y a favor de esto hay muchos proyectos de ley, muchos adherentes. El pedido de seguridad está fuertemente asociado a dos grupos con gran capacidad de opinión pública en Uruguay que son los sectores medios, medios altos, cultos y los adultos mayores”.

Para finalizar, dando “una imagen positiva” comentó entre risas, dijo que desde su punto de vista “la campaña por la baja va a tener un efecto boomerang porque ya esta permitiendo la organización de los jóvenes. El discurso pro-derechos va en dirección completamente contraria con esto y se está afianzando”. También dijo que el problema de la seguridad y de las cárceles desborda tanto que se están tratando de sacar del entorno del Ministerio del Interior para transformarlas en lugares de rehabilitación. “Se han asignado recursos”, subrayó. Además planteó que se está trabajando en que los años de estudio se traduzcan en reducciones de penas y según explicó “hay cierta habilitación política para que podamos empezar a trabajar la idea de que el control, si existiera, debe ser más de base comunitaria que un control policíaco desde arriba. Hay un espacio político para eso, aunque no sea el mayoritario. Pero por algún lugar siempre podremos respirar”.

 

Mariana Ripoll