La agenda de DD.HH. en el Uruguay desde la institucionalidad

La agenda de DD.HH. en el Uruguay desde la institucionalidad

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El martes pasado, 17 de setiembre en la Sala de Conferencias de la Facultad de Ciencias Sociales, se llevó a cabo una de las actividades centrales de las XII Jornadas de Investigación. En ella se expuso cuál es el estado de situación de los Derechos Humanos en Uruguay desde la institucionalidad estatal.

La mesa comenzó con la palabra del Embajador Federico Perazza, Director de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, quien destacó que desde el punto de vista institucional Uruguay no ha generado en su historia una política de respaldo a los Derechos Humanos como lo viene haciendo desde el año 2005.

Entre los diversos hechos afines a dicha política que mencionó Perazza, se encuentra la creación del Ministerio de Desarrollo Social en 2005 y la Dirección de Derechos Humanos en el MRREE, la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, la ley de aprobación del Matrimonio Igualitario o la recientemente aprobada ley de Empleo Juvenil.
Luego, hizo uso de la palabra el Dr. Alvaro Garcé, Comisionado Parlamentario para el Sistema Carcelario. Inició su discurso manifestando que “dentro de la amplia agenda de los derechos humanos una cuestión fundamental es la de las personas privadas de su libertad”.

El primer aspecto en el cual Garcé hizo hincapié fue el crecimiento de la población carcelaria. “En los últimos 50 años la población en general de Uruguay aumentó un 20%, mientras que la carcelaria lo hizo en un 700%, lo que si bien en términos históricos es poco, es preocupante si se considera la baja inversión que se ha realizado en infraestructura”.
Respecto a esto, Garcé recordó que en mayo de 2009, cuando se produjo la visita de Manfred Nowak, ex Relator de la ONU contra la tortura, éste comparó a las cárceles uruguayas con las peores del mundo, lo cual significó el comienzo de una reacción para cambiar la situación.

Pese a que se han concretado avances, reconoció que existen aún seis áreas en las cuales es urgente trabajar. En primer lugar, el derecho de las personas privadas de su libertad a ser tratadas con la dignidad inherente al ser humano. En segunda instancia, el derecho que tienen estos a la seguridad personal. Tercero, el derecho a ser juzgados sin dilaciones indebidas, en términos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos o en un plazo razonable según el pacto de San José de Costa Rica. En cuarto lugar, la cuestión de la prohibición de la expulsión o devolución de personas; en quinto término, el derecho a la salud de los privados de su libertad, y por último, el derecho al sufragio de quienes se encuentran encarcelados.

Luego, fue momento para que expusiera la Dra. Graciela Jorge, directora general de la Secretaría para los Derechos Humanos para el pasado reciente de la Presidencia de la República, quien disertó acerca de los detenidos desaparecidos durante la última dictadura.
El antecedente fundamental para la labor de esta secretaría, fue la creación de la Comisión para la Paz en el año 2000, la cual realizó la primera lista sobre personas desaparecidas.

La Dra. Graciela Jorge detalló cuales son los cometidos de dicha secretaría, entre los que se destacan procurar los conocimientos de los hechos y la verdad sobre las desapariciones forzadas, asesinatos políticos y violaciones de los DD.HH.; y ayudar a personas que desean conocer sus orígenes biológicos tras haber sido adoptados en la dictadura.
Esta Secretaría ha realizado un convenio con la Universidad de la República, a partir del cual se ha establecido un área de investigadores que son los que estudian las denuncias recibidas y luego organizan las diferentes etapas de excavaciones en los predios militares. Además, se posee un banco de datos genéticos para identificar los restos encontrados; este banco está completo en un 80%, debido a que hay personas que o son muy ancianas o se encuentran en el exterior. Por otra parte, los datos que se han recabado, son compartidos con Argentina para poder determinar si se encuentran restos de uruguayos en el país vecino.

Más tarde, hizo uso de la palabra la diputada del Frente Amplio por el departamento de Canelones Orquídea Minetti, integrante de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes, la cual en el último tiempo deriva muchas de las inquietudes recibidas por parte de la ciudadanía a la Dirección Nacional de Derechos Humanos, por ser más abarcadora y efectiva.
Minetti destacó la política del gobierno para proteger los derechos humanos, ya no solamente los abarca la comisión de la cual forma parte, sino también las otras del Poder Legislativo.
Además destacó algunas leyes que protegen los DD.HH., como la que regula el trabajo doméstico, la ley de 8 horas laborales para el trabajador rural o el plan Juntos.

Para finalizar la mesa, le llegó el turno de disertar al Dr. Juan Raúl Ferreira, presidente de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo.

La Institución Nacional, según Ferreira, es una forma jurídica nueva que todavía tiene algunos vacíos que se necesita la ayuda de los legisladores para solucionarlos, pero es quizá “lo más revolucionario que se ha hecho”. El papel de esta es realizar recomendaciones a los poderes del Estado o a los distintos organismos públicos. “Además de realizar un seguimiento a partir de las denuncias individuales recibidas, se elaboran informes temáticos, para ayudar a entablar el tópico de los mismos en la agenda política, como sucedió con la trata de personas”, mencionó Ferreira. “Nuestra labor llega hasta elaborar esos informes, luego dependerá de los legisladores atender esos temas y debatirlos”, sentenció el funcionario.

 

Diego Rocha